José Mateo Díaz Ex-Magistrado del Tribunal Supremo y Ex-presidente de los TTSSJJ de Canarias y Madrid ¿Derecho a mentir?

Creo que el título más apropiado para este pequeño comentario debería ser “el derecho a mentir”, puesto que si sorprendente es la aceptación por la sociedad actual del fenómeno de la mentira, más lo es todavía que hayamos construido un derecho a mentir.

Hace muchos años existió en Las Palmas un curioso personaje al que se le puso por nombrete “Mentira latente”, en referencia a una película de mucho éxito en los años cincuenta. Hoy el apodo carecería de utilidad dado el elevado número de candidatos a detentarlo con todo merecimiento.

Este supuesto derecho, que se ejercita a diario en el mundo judicial, en la política y en el sector empresarial, constituye uno de los muchos desafíos que el ordenamiento jurídico hace a la moral. Del sano principio de que nadie está obligado a declarar en su contra hemos pasado, sin solución de continuidad, a la idea de que es lícito confundir a los demás con nuestras mentiras, calculadas en beneficio propio y presentadas, muchas veces, como una defensa necesaria.

Tal vez la costumbre de mentir se deba a la cobarde idea de que la verdad nos expone a muchos peligros. “Donde hay poca justicia es un peligro tener razón”, decía don Francisco de Quevedo, y ciertamente nuestro mundo es injusto.

Pero la mentira no va a ayudar a mejorarlo. Hay países y ordenamientos que siguen manteniendo el principio de que ni siquiera el acusado puede mentir a un Tribunal. Ejemplo relevante son los Estados Unidos de América, nación tan denostada por una Europa que ha ido perdiendo progresivamente tensión moral. Estados Unidos ofrece múltiples paradojas. En ellos nació la primera Constitución y en ellos nacieron los Derechos Humanos, todo envuelto con planteamientos francamente injustos en numerosos problemas, en especial sus relaciones con el Tercer Mundo, basadas en un ciego capitalismo. Y en esta nación se mentiene el delito de perjurio, incluso con respecto a los acusados en procedimientos penales.

Todos conocemos el caso de Nixon, cuyo impeachment (o acusación) prosperó y tuvo que renunciar a la Presidencia; y el de Clinton, en que no prosperó. En uno y otro caso lo que sacudió a la opinión pública no fueron ni el espionaje al partido rival ni la aventura erótica, sino que hubieran mentido al pueblo americano, a la prensa y sus instituciones.
En cambio nosotros vamos por ahí justificando las mentiras de nuestros políticos, diciendo cosas como aquella de que las promesas en política sólo vinculan a quien se las cree.

Y ya que acabamos de nombrar a la prensa, subrayemos el retorcimiento de la verdad en que se ha llegado en ésta, a salvo siempre de las excepciones de rigor; retorcimiento que unas veces se produce con informaciones falsas, no constrastadas, o deliberadamente manipuladas, y otras veces ocultando parte de la verdad y permitiendo que la opinión pública sea arrastrada en la dirección equivocada.

Así, no es de extrañar que en los procesos penales, que tanto apasionan a la opinión pública, acabe por haber tres verdades: la verdad material o histórica, integrada por lo verdaderamente acontecido; la verdad periodística (¿quién no recuerda el caso Urquijo?), fruto de las maquinaciones de alguna prensa, y que llega a ser dogma de fe para una opinión pública poco preparada; y la verdad judicial, constreñida a lo que pudo probarse en el proceso.

Rara vez las tres coinciden. Pero, ¿le interesa a esta sociedad que coincidan?

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Actualizado 7 Abril, 2005